Las comunidades originarias de la Puna jujeña lograron mediante asambleas, acampes y movilizaciones frenar el avance ilegal de empresas de megaminería a cielo abierto de explotación de litio en Salinas Grandes y Cuenca de la Laguna de Guayatayoc.

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Por Paulina FloresJoven Americana Moda Fórmula · de negra Fórmula · hombre Joven El · n6Hq0w6Cr

 

Pese a su triunfo parcial, los directamente damnificados todavía se encuentran en estado de alerta. Todavía están a la espera de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, responda públicamente la nota que le presentó la comunidad exigiéndole la anulación a las empresas de explorar en la región y el cese de un concurso, que el mismo creó, mediante el cual  entrega dicho territorio para la explotación de litio y prioriza, además, los mercados que mejor le resulte para su conveniencia, en lugar de elegir los menos nocivos para el medio ambiente.

Es así como es que desde el 4 de febrero, más de 20 comunidades de los pueblos originarios continúan en pie de lucha, frente a los emprendimientos avalados por el Gobierno que solo pretenden explotar tierras y recursos culturales, sin ninguna autorización, cuando estos están protegidos por la ley 24071. “Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento” explicó Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas.

Llegado el 8 de febrero, 300 familias que integran la asamblea se hicieron presentes en la Laguna de Guayatayoc, donde la empresa A.I.S Resourts S.A. (Eleko S.A.) se encontraba realizando excavaciones, durante las 24 horas, ininterrumpidamente. Allí  pudieron constatar que esta actividad estaba destruyendo las napas de agua y la biodiversidad de la región, ignorando deliberadamente todo tipo de consulta y respeto a los derechos de las personas de los pueblos indígenas.

De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios” denunciaron a Página 12.

El avasallamiento de este tipo de empresas se deben a que la ley 24071 que se aprobó en 1992, según la cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos originarios, hasta el día de la fecha, la provincia de Jujuy todavía no reglamentó. Así las cosas, ni las empresas cumplen con los requisitos ni el gobierno les exige nada.

A consecuencia de la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, dichas empresas solo pagan el 3% de regalías, los empresarios convierten la explotación letífera en una actividad puramente extractiva de materias primas sin ningún tipo de industrialización ni desarrollo económico.

 

 

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